PORQUE VAMOS A LA MARCHA........

Luchando y resistiendo por el Sumak Kawsay

La situación de empobrecimiento y deterioro de nuestras condiciones de vida, así como la amenaza de que se avance en la destrucción de la Madre Tierra, nos obliga a movilizarnos. El modelo económico implementado por el actual gobierno no ha superado las políticas neoliberales, sino que por el contrario, ha fortalecido el Estado en función de sostener el crecimiento de los principales grupos capitalistas del país.

El alto costo de la vida, que ha empobrecido a las familias ecuatorianas, sigue creciendo. La canasta básica ha aumentado de $539,67 a $581,21, mientras el salario mínimo de los trabajadores se mantiene en $292 y los agricultores subsidian hasta un 50% el precio de los productos que llegan al mercado. Los sectores más pobres nos enfrentamos a la imposibilidad de suplir nuestras necesidades básicas.

Con este objeto el gobierno, que había disminuido la deuda con el FMI, ha intensificado nuevamente el endeudamiento externo, esta vez con China, con las ventas anticipadas de petróleo por 4.000 millones y un último préstamo de 1.600 millones, que alcanza actualmente a 19 mil millones. Además insiste en la firma de un TLC con la Unión Europea, cuando el Pueblo Ecuatoriano ya expresó claramente que no.

El modelo no ha cambiado: el eje de la economía sigue siendo el modelo primario exportador, la extracción de recursos naturales y la exportación de mano de obra barata. Y los beneficiarios del crecimiento del 0.8% que tanto felicita la CEPAL, son los 62 grandes grupos empresariales que concentran el 41% del PIB, que pasó de 529 millones de dólares en 2006 (antes de Correa) a 701 millones de dólares en 2009; y la duplicación de las utilidades de la banca privada de 2010 a 2011. Es decir, los ricos están ganando más que nunca, mientras según la misma CEPAL, ha aumentado la desigualdad.

Y las propuestas que construidas en el proceso de las organizaciones populares, indígenas, campesinas, de trabajadores, de mujeres, se cristalizaron en la Constitución de Montecristi, quedan en letra muerta. No existe ninguna voluntad real de transformar el país en un verdadero Estado Plurinacional.

Por el contrario, las organizaciones populares y el movimiento indígena, que históricamente hemos sostenido propuestas de transformación profunda de las estructuras políticas y económicas en beneficio de los sectores explotados y excluidos, hemos sido identificados como enemigos de la “revolución”. El gobierno ha intentado dividirnos, crear nuevas organizaciones, deslegitimar a nuestros dirigentes y finalmente, nos ha criminalizado por defender nuestros derechos y la propia Constitución.

Por esto no bajamos los brazos y estamos dispuestos para enfrentar las políticas gubernamentales, para construir un verdadero Estado Plurinacional:

En lo económico:

1)      Destrucción minera y petrolera. La política extractivista que viene promoviendo el Gobierno afecta las tierras y territorios indígenas y campesinos, a través de la X ronda petrolera y de la implementación de la mega minería a cielo abierto. Las concesiones, en manos de empresas extranjeras (chinas, canadienses, brasileñas) demuestran el compromiso con los capitales trasnacionales, y la dependencia de las rentas, a costa de la destrucción irreversible de la Pachamama, la salud de las personas y de una vía agrícola para el desarrollo del país.

2)      Ataque del SRI a las economías populares. Comerciantes informales, feriantes, agricultores,  artesanos y trabajadores en general estamos al borde de la crisis con la política formalización e incrementos del servicio de rentas internas. En lugar de realmente exigir el pago de impuestos a los grandes capitales, son las economías populares e incluso las estructuras de las OSGs y las comunidades, las más afectadas, ya que no tenemos contadores. El incremento de multas del SRI alcanza a los $31,50 por mes de retraso en las declaraciones, generando deudas impagables.

3)      Continuidad de la privatización del agua y la no aprobación de una Ley de Recursos Hídricos, que implica una violación a la Constitución, al no haber realizado la auditoria del agua para identificar a los aguatenientes y generar los instrumentos para garantizar el derecho humano al agua y la gestión comunitaria. Por el contrario, la SENAGUA está implementando un plan de construcción de represas hidroeléctricas para garantizar agua a la agroindustria y los biocombustibles; y además, generar energía y concentrar agua para poder implementar la mega minería que requiere hasta 250.000 litros por hora y grandes cantidades de electricidad.

4)      Crisis  de la agricultura campesina, concentración de tierras y fomento del agronegocio. La crisis de la agricultura campesina está dada por las condiciones estructurales de concentración de la tierra y el agua; la intermediación; la falta de acceso al crédito y la dependencia de un paquete tecnológico de insumos cuyo costo está en constante aumento. Todas circunstancias que las  políticas gubernamentales que prometieron una “revolución agraria” no han afrontado. El Plan Tierras no sólo ha distribuido cantidades irrisorias de propiedades sino que ha generado un circuito de endeudamiento impagable para los campesinos; los créditos 555 son inaccesibles y el Banco de Fomento exige cada vez más requisitos haciendo imposibles los créditos dejando como única opción las cooperativas de ahorro y crédito; y las Escuelas de la Revolución Agraria, no han hecho sino enseñar a aplicar mejor los mismos paquetes de agroquímicos, que hora exige ser afiliado al partido de gobierno para acceder a la urea subsidiada.

Mientras tanto, y como ejemplo, el costo de producción del quintal de papa está en $17 y se vende a $9 en el mercado, es decir, que los campesinos están subsidiando en $8 dólares cada quintal que sostiene la soberanía alimentaria de los ecuatorianos, corriendo los riesgos en caso de perdidas.

Debe declararse la emergencia del sector agropecuario campesino y comunitario; generar un sistema real de de crédito preferencial; una política sostenible de transformación productiva hacia un modelo agroecológico y garantizar desde el Estado el seguro agrícola de forma gratuita. Y aprobarse una Ley de Tierras y Territorios que sancione el latifundio y la concentración de la tierra, la violación a su función social y ambiental, y que la redistribuya a los y las que no tienen, y a las comunidades que fueron despojadas. 

5)      Sanciones al trasporte rural y comunitario. Como parte de la nueva Ley de Transito se han restringido los servicio básicos de transporte que se provee a las comunidades rurales, penalizando a los transportistas por llevar pasajeros en el balde y llevar cargas, cuando este es el único medio para esta prestación a las comunidades. Compañeros transportistas han sido detenidos con sus camionetas, debiendo pagar altísimas multas.

6)      Endeudamiento. Las condiciones desfavorables para el acceso al crédito y una política de fomento al crecimiento del sector han dejado a los campesinos a merced de las cooperativas de ahorro y crédito, que a tasas de interés usurarias han entregado millones de dólares a las familias rurales, que ahora se ven obligadas a vender su fuerza de trabajo en la agroindustria y las ciudades para poder pagar. Al mismo tiempo, gran  parte de estas cooperativas tienen su capital en el Banco del Pichincha, demostrando en parte que el crecimiento de las rentas de la banca privada provienen del sector indígena.  

En lo social:

1)      Violación sistemática al derecho a la educación intercultural bilingüe de los niños, niñas y adolescentes indígenas. La oferta educativa para los pueblos indígenas se reduce en términos reales a la escuela primaria, dejando a miles de niños y niñas si posibilidad de accedes a estudios secundarios. La mitad de las escuelas bilingües no cuentan con docentes que hablen la lengua materna de los estudiantes, y menos son los que pertenecen al mismo pueblo o nacionalidad. Y la alimentación escolar así como la infraestructura básica de las escuelas rurales, no cumple con las necesidades fundamentales de los niños y niñas.

2)      Violación al derecho de acceso a la educación superior. La restricción de los cupos y la implementación obligatoria de exámenes de ingreso a las Universidades Públicas ha restringido enormemente el acceso de jóvenes indígenas a la educación superior.

3)      Violación al derecho a la comunicación, en tanto no se respete la disposición constitucional sobre el porcentaje de frecuencias a ser asignado a entidades comunitarias y se mantenga en la ley la exigencia de profesionalización que afecta ampliamente a comunicadores indígenas. La disposición de la necesidad de democratizar la comunicación no se refleja en la ley. Además, en el contexto actual, el derecho a la comunicación y a la expresión de las ideas no está garantizado.

Debe aprobarse una Ley de Comunicación que contemple los principios fundamentales para la democratización real y la construcción de una comunicación plurinacional e intercultural.

En lo político:

1)      Criminalización de la lucha y la protesta social. Son más de 500 compañeros y compañeras que han sido criminalizados, reprimidos y perseguidos judicialmente por actuar en defensa de los derechos sociales y de la Naturaleza, en muchos de estos casos bajo la figura de sabotaje, terrorismo y asociación ilícita; lo cual demuestra una política sistemática de criminalización de la organización popular. Exigimos el cese inmediato a la persecución y la interrupción de los procesos judiciales.

2)      Aprobación e implementación ilegal de leyes, políticas y proyectos sin consulta previa y pre legislativa, soslayando el carácter plurinacional del Estado. Las disposiciones constitucionales, así como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la NNUU sobre Pueblos Indígenas, definen con claridad el derecho de los pueblos y nacionalidades a ser consultados ante medidas estatales o proyectos privados que les afecten. El Ecuador ha implementado sistemáticamente medidas que tienen carácter ilegal al obviar estas  disposiciones. Por ello exigimos la implementación de la consulta previa y pre legislativa como instrumento de construcción transversal del Estado Plurinacional e Intercultural.

3)      Intento de división del movimiento indígena, rompiendo nuestras estructuras organizativas y creando organizaciones paralelas. El Gobierno ha buscado condicionar políticamente a las organizaciones con prebendas, cooptar a los grupos de base y engañar con falsos acuerdos a las dirigencias. Ha intentado individualizarnos, combatiendo a los espacios colectivos, para debilitar nuestros procesos. Y ha tratado de infiltrarnos, seguir a nuestros dirigentes, robar información y amedrentarnos.

Por estas razones nos movilizamos, convocando a todos los sectores populares, indígenas, campesinos, trabajadores, estudiantes, jóvenes y mujeres, a luchar por el ejercicio de nuestros derechos, la defensa de la Madre Tierra y por la construcción de un nuevo país. Nos convocamos en este que es un proceso de carácter social y popular, no electoral, a seguir luchando y resistiendo por el Sumak Kawsay.